jueves, 26 de marzo de 2015

El estudio se ha elaborado sobre dos ejes: uno centrado en los vínculos existentes entre el derecho a la educación y la equidad social en el actual contexto de desigualdad y pobreza de España; y el otro se concentra en el análisis de las políticas de equidad educativa que actualmente se desarrollan en las diferentes comunidades autónomas con el objeto de elaborar un índice de equidad entre estas. 
El informe revela que solo el País Vasco presenta valores 'muy altos' de equidad educativa; Madrid, Cataluña, Navarra y Aragón, valores 'altos'; Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, 'medio bajos'; Ceuta, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Murcia, valores 'bajos'; y Canarias y Melilla valores 'muy bajos'.
Se denuncia la reducción de presupuesto público en educación que entre 2009 y 2014 se ha visto minorado en más de 6.000 millones de euros y que también se ha disminuido en todas las comunidades autónomas excepto Navarra. Frente a esta situación se observa que entre 2006 y 2013 la inversión familiar en educación ha aumentado más de un 30%.
Se aboga por la inversión en políticas de equidad educativa considerándola la inversión social más rentable, ya que garantizan el derecho a la educación y pueden revertir la situación de desventaja social que afecta a casi tres millones de niñas y niños en España que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social.
Se han publicado 4 versiones del informe de las cuatro comunidades autónomas en las que la ONG lleva a cabo actuaciones de atención a la infancia: Andalucía, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana.

 

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